La Unidehc y el Movimiento Movir han presentado alrededor de 275 habeas corpus a la Corte Suprema de Justicia.

Organizaciones humanitarias salvadoreñas presentaron el martes 15 recursos de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el objeto de liberar a personas que habrían sufrido tortura al momento de su detención y problemas de salud en el marco de un régimen de excepción vigente en el país centroamericano.

La representante de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), Ivania Cruz informó que los recursos fueron presentados en conjunto con el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).

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Ivania Cruz, señaló que presentaron documentación en relación a las condiciones de salud y «en algunos casos torturas a la hora de la captura por generarse golpes por autoridades, agentes policiales o soldados».

También indicó que ambas organizaciones han presentado alrededor de 275 habeas corpus, de los que poco han recibido respuesta por parte de la Justicia salvadoreña.

Además sostuvo que han pedido a los magistrados que «se verifique la denuncia que está haciendo la persona».

La representante de la Unideh, agregó que se trata de personas de escasos recursos, por lo que han prestado sus servicios gratuitamente a raíz de que algunos abogados «se aprovechan».

El 27 de junio pasado, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó un informe en el que acusaba a la Sala de lo Constitucional de haber rechazado más de 6.000 habeas corpus en los que las familias pedían la libertad de personas detenidas durante el régimen de excepción.

Una investigación ‘Desprotección Judicial’ reveló que la Sala de lo Constitucional recibió 6.615 recursos de habeas corpus entre 2022 y 2023, de las que solo 108 fueron admitidas a trámite, mientras que las restantes fueron consideradas inadmisibles o improcedentes.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele decretó en marzo de 2022 el régimen de excepción tras una ola de homicidios atribuidos a las pandillas y que investigaciones periodísticas del medio local El Faro apuntan a que se dio tras la ruptura de un acuerdo entre los grupos criminales y el Gobierno.

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